Resumen del proyecto
Como es sabido, durante 2019 Chile vivió uno de los episodios más trascendentales de su historia reciente: producto del amplio descontento de los ciudadanos frente a décadas de injusticias y desigualdades económicas y sociales, que en octubre de ese año se vieron exacerbadas por acciones como el alza en el pasaje del transporte público, específicamente del Metro de Santiago, y desafortunadas intervenciones de políticos y autoridades; el país comenzó a vivir una seguidilla de manifestaciones impulsadas originalmente por estudiantes secundarios que llamaron a evadir el pago del pasaje del tren subterráneo.
En pocos días, y pese a los intentos por contenerlas, las acciones no hicieron más que escalar y radicalizarse, teniendo su punto culmine el viernes 18 de octubre, cuando varias estaciones del metro capitalino fueron destruidas e incendiadas, dando inicio a un estallido social sin precedentes en el país. A partir de ese día, miles de personas comenzaron a salir a las calles para dar cuenta de su descontento y molestia hacia un sistema con el que no se sentían representadas; hacia un Estado abusivo e injusto que por décadas no había hecho más que acentuar las inequidades ciudadanas. Santiago fue el punto de partida, pero no tardaron en plegarse las regiones para dejar en claro que el malestar era tan transversal como las razones que lo motivaban, tratándose en varios casos de problemas estructurales asentados en la propia Constitución Nacional, el documento por el que los países se guían en sus materias más esenciales.
En Chile, pese a los años, continua rigiendo la creada en Dictadura que, aunque con modificaciones, sigue favoreciendo los intereses de grupos determinados amparados por un sistema neoliberal que acentúa y recrudece las diferencias entre chilenos y, lo que es peor, socava derechos humanos como el acceso a educación, salud y vivienda dignas y de calidad.
El punto neurálgico de las masivas protestas fue la Plaza Baquedano de Santiago -más tarde rebautizada como Plaza de la Dignidad-, donde llegaron a reunirse más de un millón de personas en la llamada “La marcha más grande de Chile”. Realizada el 25 de octubre, la iniciativa que se replicó en cada región, llegó a paralizar al país obligando a la clase política a tomar acciones y llegar a acuerdos con el fin de apaciguar los ánimos, pero no hicieron más que avivar a los manifestantes, quienes a diario se vieron enfrentados a fuerzas policiales que buscando reprimirlos, contenerlos y disolverlos, no escatimaron en el uso de armamento disuasivo como perdigones; bombas lacrimógenas; agua con químicos ilegales y gases de alto grado de toxicidad que generaron un sinnúmero de personas lesionadas.
A ellas hay que sumar a quienes fueron apremiados ilegítimamente, atropellados y/o golpeados de manera deliberada por agentes del Estado en la vía pública o cuarteles, acciones que fueron fiscalizadas, registradas y constatadas por organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Dentro de los informes emitidos por esta entidad, llamaron –y llaman- la atención los numerosos casos de personas con daños oculares provocados por el uso indebido de armas con las que se apuntó de manera directa a los manifestantes, a una distancia y altura no recomendadas por los fabricantes de las municiones, de lo contrario “pueden tener un resultado mutilador, incluso letal”.
Según las cifras entregadas por el INDH, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 –mes en que las protestas se detuvieron debido al Covid19-, 460 personas fueron víctimas de diversas lesiones en sus rostros y ojos –ocasionadas tanto por perdigones como por bombas lacrimógenas-, llegando algunos a sufrir la pérdida parcial o total de la visión, como son los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron irreversiblemente ciegos.